Santo Domingo, RD.- La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) celebró en la Ciudad de La Vega la quinta edición de “Aula SISALRIL”, un espacio de formación y diálogo dedicado al análisis del modelo de per cápita diferenciado, metodología que comenzó a implementarse el pasado 1 de mayo para fortalecer la sostenibilidad financiera del Seguro Familiar de Salud (SFS) en el Régimen Contributivo.

El panel estuvo moderado por Ana Patricia Osser, directora jurídica de la SISALRIL, quien dirigió el desarrollo de las exposiciones y el diálogo entre los especialistas invitados, enriqueciendo la discusión sobre este tema y su vinculación con los principios y derechos que rigen el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Durante la jornada, la directora de Gestión Actuarial de la entidad reguladora, Leticia Martínez, explicó que esta modalidad no surge como una medida improvisada, sino que está contemplada en la Ley 87-01, la cual establece la posibilidad de aplicar una metodología diferencial por riesgo cuando las condiciones del sistema así lo requieran.

Indicó que el nuevo esquema busca una distribución más equilibrada de los recursos, tomando en cuenta variables como edad, sexo y perfil de riesgo de la población afiliada.

Martínez explicó que el 10 % destinado a gastos administrativos de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) se mantiene sin variación, mientras que el 90 % restante se distribuye bajo criterios de riesgo, con el propósito de fortalecer un sistema más justo, equitativo y sostenible para garantizar la atención en salud.

Agregó que este modelo procura corregir distorsiones históricas entre ARS con poblaciones afiliadas de características distintas, sin afectar los beneficios ni la calidad de los servicios que reciben los afiliados, además de incorporar mecanismos de monitoreo y revisión periódica.

Medida no representa una vulneración a la seguridad jurídica

Desde el enfoque jurídico, el abogado experto en derecho público Jaime Rodríguez señaló que la decisión adoptada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) cuenta con respaldo legal y no representa una vulneración al principio de seguridad jurídica.

Explicó que la seguridad jurídica no implica inmovilidad absoluta ni limita la posibilidad de introducir cambios institucionales cuando estos cuentan con fundamento normativo y se desarrollan mediante procesos adecuados.

“La seguridad jurídica no puede implicar y nunca ha implicado una petrificación del ordenamiento jurídico y de las reglas institucionales. Las ARS no tienen un derecho adquirido a que la cápita tenga que ser de una determinada forma; eso es una decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social según establezca la ley”, afirmó Rodríguez.

Por su parte, el experto en Seguridad Social Arismendi Díaz ofreció una mirada más amplia sobre el alcance de esta medida dentro del sistema, recordando que el SFS fue concebido para garantizar acceso real y universal a servicios sanitarios, con cobertura familiar, protección integral y sin discriminación por condición económica o de salud.

Díaz resaltó que, aunque aún persisten retos importantes, el SDSS ha registrado avances significativos en los 25 años de vigencia de la Ley 87-01, por lo que considera necesario continuar impulsando ajustes acordes con las transformaciones sociales, demográficas y financieras del país.

La actividad fue desarrollada en coordinación con el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), en las instalaciones de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER), y reunió a alrededor de 100 participantes, entre colaboradores de distintas empresas, representantes del sector privado, asociaciones empresariales, organizaciones sociales e instituciones públicas de La Vega y otras localidades.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Hugo Concepción, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, quien valoró estos encuentros como escenarios referentes para intercambiar conocimientos y promover conversaciones sobre temas que impactan de manera directa la vida de la población.

Juan Brito, asesor del IDOPPRIL, explicó que la transición hacia una cápita diferenciada responde a una visión de mayor equidad dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social, al permitir una distribución de recursos más alineada con las necesidades reales de atención y con el principio de solidaridad que dio origen al modelo.

La actividad concluyó con un espacio de intercambio en el que los participantes pudieron aclarar inquietudes y profundizar en los alcances del per cápita diferenciado dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.